Con fecha 6 de marzo, Alejandro Gómez recibió una célula de notificación con la firma del juez Penza en la que establece su suspensión sin goce de haberes como docente de la escuela pública. La resolución es ilegal, ya que Gómez es delegado del sindicato docente SUTEF y no ha habido ningún procedimiento de exclusión de tutela sindical. Aun así, el gobierno pretende hacer efectiva esta resolución y la ha enviado a los establecimientos.
La resolución de este “juez” –que también es “parte” ya que coordina cada resolución con el gobierno de Bertone-Arcando– toma como excusa una convocatoria de estatales a un acto oficial para pedir una audiencia al gobierno que no quería dialogar, durante el acampe de 2016 que ya llevaba 65 días. Curiosamente, este acto oficial se realizaba a pocas cuadras de donde los trabajadores sostenían este acampe. En aquella ocasión, el vicegobernador simuló una agresión para terminar acusando a Alejandro Gómez y otros representantes gremiales. Entre ellos acusó también al secretario general del SUTEF, Horacio Catena, a quien se le impuso la delirante restricción de no poder entrar a instituciones públicas. Toda una comprobación de que todo el objetivo de Arcando y sus jueces amigos ha sido golpear la organización sindical.
En el caso de Gómez, la suspensión había sido resuelta inicialmente a fines del año pasado. Pero la apelación de los abogados defensores –argumentando que tiene fueros sindicales– había dejado la suspensión en suspenso. Ahora Penza ratificó su resolución volviendo a violar los fueros sindicales; y el gobierno intenta hacerla valer. Este nuevo intento se da poco después de que la Cámara de Apelaciones anulara otro procedimiento ilegal contra Nadine Calvo y Paola Sánchez, dos estatales que habían sido suspendidas sin goce de haberes. La lucha sindical, democrática y política es palmo a palmo.
