En Bahía Blanca —al mes de abril— más del 28% de la población se encontraba bajo la línea de pobreza y el 4,1% bajo la línea de indigencia, con más de 10.000 familias que necesitan una vivienda. Esto se agravó por las condiciones económicas y sociales producto de la pandemia, que obligó a miles de personas a buscar nuevos espacios dónde vivir, como consecuencia de circunstancias como la pérdida de trabajo o no poder pagar el alquiler.
Entre el 14 y 15 de agosto, se inició un proceso de ocupación de tierras, una decisión por necesidad. Hay chicos y chicas que no pueden alquilar y que fueron las primeras familias que fueron a vivir a la ocupación. Desde el Vamos! conversamos con C., que es parte de las 300 familias que ocuparon terrenos ubicados en Don Bosco al 4100 en la ciudad de Bahía Blanca.
«Al principio empezaron a sacarnos fotos, para meter miedo», nos explica. «El predio fue cedido a la Unión Ferroviaria en el 2010, a modo de préstamo precario donde cada cinco años tienen que renovar y después lo que ya tienen edificado o elaborado en proyecto avanzado ellos se van quedando con esa parte de la tierra». Estas tierras son cedidas y se «renuevan» con contrato cada cinco años.
«La realidad es que nosotros nos metimos en tierras que están ociosas y tuvimos que limpiar todo, no había nada» explica. Las familias recuperaron tierras abandonadas y avanzaron en la organización interna «somos más de 300 familias acá en la ocupación y está todo parcelado, se armaron parcelas por manzana».
«La realidad es que nosotros nos metimos en tierras que están ociosas y tuvimos que limpiar todo, no había nada»
Como otras ocupaciones las familias son hostigadas por la policía o grupos que responden a quienes dicen ser los dueños de a tierra. «La Policía Federal empezó a buscar algún responsable de la ocupación o a ver si teníamos el respaldo político de alguien, de cómo era la organización que supuestamente nosotros teníamos» nos explica.
«No nos daban entrevistas ni nada, nadie nos quería atender y con la ayuda de la CTA Autónoma pudimos obtener una entrevista con el municipio. Ahí nos enteramos la postura de las autoridades de Bahía Blanca: ellos no pueden ni quieren negociar porque depende de Nación del ente que regula las tierras ferroviarias».
En la reunión con las autoridades las familias dejaron claro que «el terreno en cuestión es un descampado que se utilizaba como basural y que las familias fueron limpiando en este tiempo».
Las familias recibieron amenazas policiales e incluso se detuvo a cuatro vecinxs como respuesta a la exigencia de derechos básicos como una vivienda digna y que todavía no obtienen una respuesta del Municipio a su reclamo. El intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, se desentiende de la realidad de miles de bahienses, como si más de 10 mil personas de la ciudad no tuvieran una necesidad.
Pero a la falta de respuestas brota la solidaridad de vecinoxs y trabajadores, y la organización de las familias que garantizan por ahora la permanencia.
Es necesario avanzar con un plan de viviendas real, que permita que miles de vecinxs de Bahía Blanca tengan acceso a la vivienda digna.
