El gobierno presenta al Decreto 721/2016 como un “reordenamiento de tareas administrativas” en las Fuerzas Armadas (FFAA). Sin embargo, lo que en verdad hace es otorgarles mayor poder de decisión política sobre una cantidad importante de cuestiones que hasta el momento dependían de la resolución del Ministerio de Defensa. Según Abuelas y Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, el decreto devuelve a las FFAA “grados de autonomía de los que gozaba antes del regreso a la democracia”.
La medida, que implica la derogación de un decreto que regía desde 1984, fue tomada días después del acto por el Día del Ejército en que el presidente Macri afirmó que el país está en una nueva etapa que “impulsa a dejar atrás enfrentamientos y divisiones”. Tras aquel acto, que tuvo como espectador privilegiado en primera fila a César Milani, el gobierno anunció un plus salarial del 9% por sobre lo que se había estipulado previamente para gendarmes y prefectos.
Una de estas “tareas administrativas” que el Poder Ejecutivo cede en las FFAA es la definición de la conducción de las fuerzas (a excepción del Jefe del Estado Mayor que lo sigue definiendo el presidente). Además le quita al ministro de Defensa atribuciones en los cambios de destinos de personal, en las designaciones coroneles o grados superiores, en las bajas, en premios y en la designación de personal militar retirado en funciones docentes. Las designaciones de funciones docentes es un punto particularmente sensible porque en oportunidades se han cobijado bajo esta forma a militares retirados implicados en la represión dictatorial.
Evidentemente, en momentos que se acaban de conocer las primeras 17 sentencias en la causa Plan Cóndor y tras el contundente reclamo de justicia sigue reafirmando el pueblo cada 24 de Marzo, el gobierno busca no cargar con la responsabilidad política de estas decisiones que hasta el momento dependían del Poder Ejecutivo. Según sus palabras se tratarían de meras “cuestiones administrativas”. ¿Qué designaciones preparan?
Estos cambios en las FFAA se dan en el marco de la reivindicada “lucha contra el terrorismo” por parte de Macri, que en definitiva termina siendo contra la protesta social del pueblo. Por eso no sólo sostiene la Ley Antiterrorista –utilizada por ejemplo contra los asambleístas de Famatina–, sino que la ministra de “Seguridad” ha presentado en el Congreso proyectos de leyes que incluyen las figuras de “arrepentido”, “agente encubierto”, “informante” y “flagrancia”: herramientas que, muy lejos de atacar la corrupción de las fuerzas de seguridad, facilitan la represión de las organizaciones populares.
