La positiva política de segmentación redistributiva de las retenciones por parte del Gobierno Nacional, desencadenó las medidas por cuatro días organizada por la Mesa de Enlace. La escasa adhesión mostró que las direcciones reaccionarias de las organizaciones no sólo no fueron acompañadas por las bases, sino tampoco por filiales de importancia.
La fractura de las organizaciones fue un elemento distintivo en cuanto a la medida, ya que las segmentaciones apuntaron principalmente a la redistribución más que a la recaudación fiscal. La fractura fue principalmente con los sectores de productores pobres, chicos y medianos según la zona.
Esto muestra que el acuerdo de esos sectores con la Mesa de Enlace se fortalece cuando hay políticas que golpean a todos por igual, como fue con la Resolución 125 en el 2008, que llevó las retenciones al 48% para todos los productores de soja por igual y desató el conflicto agrario (ver recuadro).
La dirección de la Mesa de Enlace -hegemonizada por los sectores vinculados a los monopolios agro-ganaderos, terratenientes y pooles de siembra- trató de llevar, sin éxito, de arrastre a los demás sectores pobres, pequeños y medianos, intentando imponer que las medidas son un “ataque al campo”. Pero estos sectores fueron beneficiados por la medida del gobierno, a diferencia de los concentrados que hegemonizan la Mesa de Enlace, alcanzados por el aumento.
La gran mayoría de los sectores pobres, pequeños y una parte de los medianos, que alimentan los pueblos y economías regionales, tienen contradicciones y no comparten la estructura exclusivamente agro-exportadora basada en la soja. Esta estructura es la que los parásitos terratenientes, monopolios agrarios y pooles de siembra aspiran como nación, reforzando la dependencia al imperialismo y por lo tanto deformando toda la estructura económica de nuestro país.
Ese quiebre tiene una base en que esos sectores reaccionarios someten a los productores mediante el control de la mayoría de las tierras productivas del país, pero también de la comercialización y exportaciones de granos, insumos y semillas. Son los grandes responsables del desplazamiento y desaparición de cultivos que consumíamos, expulsando principalmente a los campesinos pequeños y obreros rurales a hacinarse en las grandes ciudades y villas que las rodean.
Sojización: atraso y ganancias para pocos
El INDEC publicó los datos del Censo Nacional Agropecuario 2018 donde encontramos, por ejemplo, que sólo quedan 211.000 productores rurales en el país y que estos establecimientos ocupan más de 86 millones de hectáreas. Pero la soja y el maíz transgénico (la soja algunos años se rota con maíz en el mismo lote) del agronegocio sólo ocupan 24 de esos 86 millones de hectáreas.
También se sabe fehacientemente que sólo 75.000 productores llevan adelante estos cultivos tóxicos y muy redituables y que el 50% de la producción sojera la generan 1400 productores con muchas miles de hectáreas explotadas (reduas.com.ar).
Siguiendo con el último informe del INDEC, la distribución de establecimientos con cultivos de cereales (maíz) y oleaginosas (soja) es de 17.000 en Provincia de Buenos Aires, 12.000 en Córdoba, 12.300 en Santa Fé, 3.200 en Entre Ríos, 2.800 en Chaco y 2000 en La Pampa.
Incluso en el decreto de segmentación de retenciones de este mes de marzo el Ministerio de Agricultura de la Nación identifica a 14.800 grandes sojeros como los responsables de producir el 70% de la soja y a 42.000 productores que son los responsables del 30% de la soja.
Para tener una idea podemos tomar como base que un campesino medio de la zona núcleo de la soja (sur de Córdoba), en un campo de 200 ha este año sacará una renta mensual de 480.000 pesos por mes o 7.620 dólares. (reduas.com.ar)
Datos similares recoge el INTA de Pergamino, Provincia de Buenos Aires, en su estudio del margen bruto de rentabilidad agrícola en su zona, publicado en mayo 2019. Ese estudio económico para la campaña 2019-2020 calculaba para soja de 1º, considerando un campo de 200 ha, descontando los impuestos, una renta de 4.700.000 pesos lo que es igual a 391.000 pesos por mes.
Si tomamos estos valores, podemos hacernos una idea de lo que amasan los grandes pooles como Los Grobo, MSU, El Tejar, La Redención- Sofro, Cresud y Adecoagro que arriendan la mayoría de los campos, pagando jugosas ganancias a los propietarios, estimulando el parasitismo y controlando el mercado.
Exportación en manos de los monopolios
Entre las empresas Cargill, ADM y Bunge de capitales mayoritarios estadounidenses, controlan el 35% del total exportado y fueron según datos del 2018 los tres principales exportadores: Cargill despachó cerca de 9,6 millones de toneladas -principalmente granos- (14% del total), ADM aproximadamente 7,3 millones (11% del total) y Bunge 7,2 millones de t (10% del total).
Un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario, detalla que en el ranking de empresas se observa que luego de estas tres primeras firmas se ubica COFCO (4ª posición) con 6,8 millones de toneladas, Aceitera General Deheza -AGD- (5° lugar) con 6,7 millones de toneladas y en sexto lugar Vicentín (que le debe al Banco Nación, del Estado, U$D 300 millones) con 6,5 millones de toneladas. De esta manera queda en evidencia la concentración en el negocio exportador agrícola argentino, porque si se computan los 10 principales exportadores (sumando al lote de empresas anteriores las firmas Dreyfus, Oleaginosa Moreno, Molinos Agro y ACA), este grupo remitió al exterior cerca de 63 millones de toneladas, lo cual representa el 90% del total nacional.
Además de una economía marcadamente agroexportadora, este esquema muestra que todo el trabajo de las mayorías de “el campo” queda en manos de 10 empresas que especulan con la liquidación de divisas, que presionan por la suba del dólar y son las mayores fugadoras de divisas al exterior.
La concentración de la tierra
En el país hay 863 terratenientes con más de 20 mil hectáreas, 519 de los cuales están afincados en la Patagonia, y en conjunto controlan 21 millones de hectáreas productivas y cultivables. El Censo Nacional Agropecuario 2018 que publicó recientemente el INDEC reveló que en Argentina se profundiza el proceso de concentración de los poseedores de la tierra.
En todo el país existen 250.881 establecimientos rurales que controlan una superficie total de 157,4 millones de hectáreas; lo que arroja un promedio de 617 hectáreas. Dentro de ese panorama, la mayor concentración de la tierra en pocas manos se produce en las provincias de Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chubut.
Las provincias con mayor superficie de tierra dedicada a la producción agropecuaria son Buenos Aires (23 millones de hectáreas), Chubut (17 millones), Santa Cruz (13 millones), Córdoba (11 millones), Río Negro (11 millones) y La Pampa (10 millones).
En Argentina, el 0,94% de los dueños de las grandes extensiones productivas maneja el 33,89% del total del territorio argentino. El 99,06% restante controla apenas el 66,11%. En la Argentina existen 246.947 Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) registradas, que ocupan 23,2 millones de hectáreas. El 83% de esas UPA solo abarca al 13,3% del total de tierras lucrativas del país.
El informe señala a su vez que “Quien ejerce el control de la tierra decide sobre su uso y determina el destino de los beneficios de su explotación” y que “el flujo de capitales entre inversionistas y empresas, el control del mercado por las corporaciones multinacionales, la poderosa influencia de los sectores empresariales sobre las autoridades gubernamentales y los acuerdos internacionales que protegen las inversiones, aseguran el dominio completo de la tierra y sus recursos naturales”.
Sin dudas, la concentración de la tierra se ha acelerado al paso del avance del modelo de sojización. Los desmontes en el norte de nuestro país son la muestra de cómo va “cambiando el mapa” en pos de esa política depredadora y contaminante. Ese desmonte arrasa con las comunidades originarias que habitan ancestralmente sus territorios, quedando condenadas al terricidio al que son sometidos por la eliminación de recursos naturales para su subsistencia como el agua, leña, ganado, etc.
En el sur de nuestro país, de los 12.524 propietarios de la tierra patagónica, 624 son extranjeros sin residencia en el país, totalizando el 5%. En su gran mayoría, ellos son los que acaparan la mayor cantidad de tierra de la región, aunque a veces se cubren armando sociedades radicadas en el país. El intento por desplazar a las comunidades mapuche es la regla en esta región: con el macrismo esta política dio un salto ya que instaló como hipótesis de conflicto a dichas comunidades, avanzando con la justicia y la gendarmería y prefectura, reprimiendo y asesinando como a los jóvenes Rafael Nahuel y Santiago Maldonado.
Parásitos y reaccionarios
El modelo sojero se completa con la megaminería y la extracción petrolera-gasífera por parte de los monopolios internacionales y los bancos y entidades financieras. Todo está vinculado en el “círculo virtuoso” del saqueo.
Estas son las poderosas bases económicas de los sectores reaccionarios en nuestro país que acumularon por diferentes razones el 41% de los votos en la elección presidencial. La estafa al pueblo a través del préstamo por más de 18 mil millones de pesos que el Banco Nación le otorgó a Vicentín para luego pedir la quiebra, muestra el entrelazamiento de esos monopolios agrícolas con el estado, en este caso con el macrismo en el gobierno.
El núcleo concentrado de terratenientes y monopolios sojeros, especuló con que ellos son los que controlan las entradas de divisas mediante las exportaciones, en un país en recesión, sin inversiones ni capacidad de préstamos, y con una necesidad urgente de dólares para cumplir con el acuerdo con el FMI.
Desde allí forzaron el lock out, pero la profunda subestimación por parte de las entidades que hegemonizan la Mesa de Enlace hacia los otros sectores agrarios, particularmente los pequeños y medianos los hizo fracasar porque no pudieron parar la comercialización de otros cereales y derivados, así como otros productos agropecuarios que hacen mover la economía de las provincias y ciudades. Dejando a las claras que son un reducido número de parásitos sojeros, que solo especulan para la exportación, la acumulación y la salida de divisas.
Ir más a fondo
Podemos afirmar que las políticas populares como las retenciones segmentadas generan una división entre los de arriba y las bases. Y son una clara señal que es posible y necesario avanzar rápidamente sobre los sostenes de la reacción que son los que han generado la crisis y se han beneficiado. No puede haber una política de complacencia con estos sectores reaccionarios que controlan la comercialización, acopio y exportación de granos.
El estado tiene mecanismos para avanzar sobre ese control: la Junta Nacional de Granos y Carnes junto con el IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio) fue un ente público bajo la órbita del banco central, creado en 1946 con la finalidad de centralizar el comercio exterior y transferir recursos entre los diferentes sectores de la economía.
La segmentación es una muy buena política y debe ir acompañada por medidas impositivas más agresivas hacia los sectores concentrados de esa oligarquía terrateniente que manejan más de 10.000 hectáreas y que incluya una política de expropiación de tierras ociosas.
Junto con esto, se debe acompañar con un conjunto de medidas hacia los productores pobres, pequeños y medianos que profundicen las diferencias con los sectores monopólicos y terratenientes que someten a los productores, trabajadores del campo y a las economías regionales.
Las medidas por parte del gobierno nacional y provinciales, deberían incluir una política de acceso a la tierra, en camino a una reforma agraria integral para garantizar que la tierra sea para quien la trabaje, con un modelo progresivo que mire el mercado interno y sea sustentable, haciendo retroceder la soja y el agro-negocio que trae el glifosato y el desmonte.
Una política nacional y provincial para otorgar la propiedad de la tierra y bajos arriendos a los quinteros que producen hortalizas y legumbres en los cinturones que rodean las ciudades, promoviendo el compre nacional, provincial y municipal junto con la promoción de ferias francas y bancos de semillas sustentables.
Una política que nos aleje del modelo agro-exportador que profundiza la dependencia, el atraso y refuerza el control y el chantaje de los monopolios del agro-negocio y los terratenientes que sostienen parte de la reacción política en el país.
