En el proceso de investigación por la desaparición de Facundo, previo al hallazgo de su cuerpo en Villarino Viejo, se había realizado un peritaje sobre una Toyota Hilux que era conducida por el oficial Alberto González el 30 de abril, fecha en la que desapareció Facundo. Allí se habían encontrado rastros genéticos que se confirmó que son 100% compatibles con Cristina, la mamá de Facundo.
González había presentado distintas versiones sobre lo que le sucedió a Facundo en ese día, asegurando que había dejado seguir a Facundo por la Ruta 3 camino hacia Bahía Blanca. Negó que Facundo se hubiera subido al móvil policial y sostuvo que no había sido llevado a la comisaría, y aquí cabe mencionar que en el mes de agosto Marcos Herrero llevó a su perro rastreador Yatel y dieron con el amuleto perteneciente a Facundo en un galpón abandonado de la comisaría.
Otra de las irregularidades en la versión de González es que el geolocalizador del vehículo en donde se encontró ADN lo ubica en su puesto de vigilancia durante tres horas, después de haber «dejado seguir» a Facundo.
Además, González tenía una libreta que investigaron los fiscales Azzolín y Heim, que el 30 de abril (día en que se lo vio por última vez a Facundo) González anotó primero los datos de la denominada “testigo H”, que más tarde se descubrió que había sido “comprada” por la Policía Bonaerense, y luego aparecen los datos de Facundo Astudillo Castro y su ex novia.
La jueza federal Gabriela Marrón no investiga ni busca la verdad
Con las pruebas que existen en la causa Facundo Astudillo Castro, la hipótesis más robusta sigue siendo la desaparición forzada seguida de muerte. Esta valoración es compartida por la querella familiar, la Comisión Provincial por la Memoria y los fiscales Andrés Heim de la Procuvin y Horacio Azzolín de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia.
Sin embargo la jueza Gabriela Marrón rechazó las medidas solicitadas por los fiscales de allanamiento del destacamento policial de Teniente Origone y la comisaría de Cerri, el secuestro de los teléfonos celulares de decenas de efectivxs policiales vinculadxs a la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo.
Desde la Comisión Provincial por la Memoria advirtieron que «la decisión de rechazar masivamente las medidas de prueba se fundan en una temprana valoración que arrojará un solo resultado: el cierre de la causa sin conocer la verdad de lo que ocurrió con Facundo».
En un fallo que busca la impunidad, Marrón busca excusar a lxs policías implicadxs y a atacar al perito de la querella, Marcos Herrero, a quien pretende que se investigue por los hallazgos de su perro. La jueza busca restar valor a dos pruebas claves de la causa: el amuleto hallado en Teniente Origone y un pedazo de turmalina encontrado en un patrullero de la Policía Local de Bahía Blanca, el mismo que el 8 de mayo, sin razón alguna y alejado decenas de kilómetros de su radio de circulación, estuvo en la zona donde posteriormente fueron hallados los restos de Facundo.
Por otra parte, acusa a Heim y Azzolín de no buscar la verdad sino «solamente a compeler la responsabilidad policial en el evento».
Las querellas analizan recusar a Marrón, ya que pone en peligro el curso de la causa y es casi una declaración de sentencia que sólo será garantía de impunidad.
¿Quién es la Jueza María Gabriela Marrón?
Gabriela Marrón es abogada de la Universidad de Buenos Aires. Luego de dos años de recibirse, el 24 de marzo de 1992, comenzó a desempeñarse en el Fuero Federal de Bahía Blanco bajo el apadrinamiento del ex intendente y funcionario Jaime Linares.
Se desempeñó como secretaria del fiscal Nicolás De la Cruz hasta septiembre del 2010, cuando murió el titular del Juzgado Federal 2 y pasó a cubrir el cargo vacante. Se desempeñó durante casi 5 años sin ser titular del Juzgado, recién a fines del 2014 el Senado aprobó el pliego.
El 18 de febrero del 2015, Marrón asumió como titular en un acto presidido por el camarista Néstor Luis Montezanti, acompañado por sus pares, Pablo Candisano Mera y Ricardo Planes.
Uno de los primeros actos de impunidad de la jueza y que marcarían un constante andar en su carrera, serían el rechazo al pedido de detención e indagatoria del ex titular del Juzgado Penal 2 durante la dictadura Francisco Bentivegna, solicitado por Unidad Fiscal de Derechos Humanos. Bentivegna se desempeñó durante la última dictadura bajo la sospecha de ser el coautor de crímenes contra al menos 22 víctimas por haber sistemáticamente cerrado las causas sin investigar o rechazado los hábeas corpus previamente solicitados. Entre las víctimas se encuentran los obreros gráficos del diario La Nueva Provincia, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, quienes fueron secuestrados el 30 de junio de 1976.
Su padre, el almirante Carlos Alberto Marrón, fue Jefe de prensa de la Armada durante la última dictadura. Con el retorno de la democracia Marrón continuó en la fuerza, llegando a ser Jefe de la Armada entre el segundo gobierno de Menem (1996 y 1999). Bajo su mando, según debió admitir ante la prensa el 18 de junio de 1997, empleó a Alfredo Astiz “entre el personal del Servicio de Inteligencia Naval”, para “tareas de inteligencia militar exterior” en especial con Chile, y como “personal civil”.
