En la Ciudad de Buenos Aires las vacunas se vienen regateando al personal de salud de los hospitales públicos, se la niega a los docentes y se prioriza la entrega de dosis a prepagas para sus afiliados.
Mientras se continúan debatiendo los hechos que le valieron la renuncia a Ginés González García, el gobierno de Larreta designa a grandes pre-pagas como centros de vacunación sólo para los afiliados a sus respectivos planes de salud. Lo que muestra un nivel de privilegio social y además, le agrega un punto de marketing pro-afiliación a cada una de las empresas.
Algunas de las pre-pagas con las que negoció instrumentar los vacunatorios son el Hospital Italiano, el Hospital Alemán, el Hospital Británico, el Sanatorio Güemes y CEMIC a los que se agregan las obras sociales de los sindicatos de Comercio y de la Ciudad de Buenos Aires. Esto sería un importante porcentaje de lo necesario para los mayores de 80 años. Sin embargo, desde las autoridades del PAMI reclaman no haber sido convocados para ser parte de la campaña de vacunación en CABA, pese a tener 100 mil afiliados en esa situación.
De esta manera el gobierno de Larreta y Quirós, privilegia la vacunación de aquellos que pueden pagar una prepaga o estén afiliados a tal o cual obra social sindical amiga, sobre el resto de la población. Y en recientes declaraciones Larreta afirmó que no se vacunará a los docentes.
A la denuncia de este tratamiento diferencial entre porteños se suma el reclamo del personal de salud y la Asamblea permanente por el derecho a la Salud por no respetarse el orden de prioridades sanitarias para la pandemia de Covid-19. El Plan Estratégico de vacunación del Ministerio de Salud de Nación, a través de la resolución 2883/2020, prioriza al personal de salud, luego a grupos de riesgo y así a otros grupos de la población. A su vez, cada grupo también está estratificado según el nivel de exposición: dentro del personal de salud. Primero se debe vacunar a quienes están en contacto directo con pacientes de Covid, incluido el personal de limpieza. Luego al resto del personal de los hospitales, UFI y otros centros de salud, y por último al resto de profesionales que trabajan en forma independiente. Esto no se hizo en la Ciudad de Buenos Aires.
Aún no se ha terminado de vacunar al personal de los hospitales, como denuncian los trabajadores del Hospital Duran y del Centro de Salud Mental nº1, y ya hace más de un mes que se está vacunando a profesionales independientes (consultorios o jubilados) en simultáneo con un gran show mediático en el Club River Plate. Además, en la última semana vivimos las 24 horas de turnera virtual para los mayores de 80 años: Página colapsada la mayoría del tiempo, 40 mil mayores en lista de espera sin turno, denuncias de que la inscripción se habilitó 20 minutos antes para los amigos y la incertidumbre de qué ocurrirá con aquellos mayores que no acceden a la virtualidad y ni pudieron ser parte de la alocada pelea de quién consigue primero a un turno.
En el día de hoy, el juez Lijo imputó a Larreta y Quirós y emitió el allanamiento del Ministerio de Salud de la CABA y de una asociación civil luego del procesamiento por parte del fiscal Stornelli de las denuncias realizadas por este tema.
Según el Monitor Público de Vacunación CABA tiene aún casi 100 mil dosis sin aplicar. Para garantizar la salud de los porteños y garantizar la implementación de una justa estratificación en la distribución de las vacunas es necesario la realización de un Registro único de voluntarios con una campaña activa en los barrios al que accedan todxs lxs porteñxs. Es indispensable romper con la tercerización y privatización del acceso a la vacuna, centralizando la Campaña en los CeSACs y otros vacunatorios públicos. No puede suceder en esta situación de pandemia, que sufre hace casi un año nuestro pueblo, una sumatoria de privilegios en función de la vacunación. Las organizaciones sindicales y populares deben formar parte del control para que se termine con los privilegios y los negocios de grandes empresas y allegados al poder político.
