Siempre con el respaldo de Estados Unidos y sus lacayos de la OEA (empezando por su secretario general Luis Almagro) y algunos gobiernos latinoamericanos como el de Macri (¿y quizá de gobernadores argentinos como el jujeño Morales?).
El viernes 15 la bestial represión militar a la gigantesca columna de campesinos e indígenas cultivadores de coca del Chapare (la región de donde proviene Evo) provocó seis muertos y decenas de heridos de bala en la localidad de Sacaba (Cochabamba). Tropa militar fuertemente armada baleó a miles de personas que marchaban a unirse en La Paz a la multitudinaria concentración de repudio al golpe oligárquico a realizarse el domingo 17.
Como siempre, la prensa empresarial y servil de Bolivia ocultó los asesinatos o pretendió atribuírselos a los propios manifestantes, a quienes acusaron de portar explosivos y armas (¡ojalá los tuvieran las organizaciones populares para defenderse!).
La dirección de esas federaciones campesinas ratificó el rechazo a la autoproclamada “presidenta interina” Jeanine Añez, consagrada en un Parlamento sin quórum por un puñado de políticos y jefes del Ejército. El dirigente de los cocaleros Andrónico Rodríguez aseguró que seguirán movilizados hasta que se vaya la dictadura y Evo vuelva a la presidencia hasta terminar su mandato en enero. Una parte de los representantes del MAS también está dispuesta a seguir la lucha en defensa del régimen institucional y, apoyándose en su mayoría en las dos cámaras del Congreso, designaron a Eva Copa −del MAS− como nueva presidenta del Senado.
Tanto la trucha Añez y las bandas oligárquicas de Camacho y Pumari que la instalaron con la complicidad del candidato derrotado Carlos Mesa, como la OEA, siguen tratando de justificar su asalto del gobierno en el supuesto fraude de Evo en las elecciones del 20 de octubre. Lo hacen, aunque ni siquiera la comisión auditora de la OEA habló de fraude, y a pesar de que una institución académica estadounidense concluyó en su investigación que no existió fraude y que la OEA hizo la denuncia para motivar y justificar a los golpistas. Sin embargo, en nombre del “fraude” la autodesignada “presidenta” ya sugirió la proscripción del MAS −el partido de Evo− de las también supuestas futuras elecciones, que de todos modos se harían en medio del terror, represión, asesinatos, secuestros y persecuciones a los movimientos sociales, a los dirigentes campesinos y populares y a los parlamentarios y dirigentes del MAS y otras fuerzas.
Cada día que pasa es más claro que todo el escenario político y mediático del golpe fue minuciosamente planificado, montado y organizado desde mucho antes de las elecciones, y que en la ocasión aprovecharon la confusión alrededor de las denuncias de fraude y el descontento de sectores populares con algunos aspectos del gobierno de Evo. Y cada día es más claro que las razones de fondo que movieron los hilos golpistas no tienen nada que ver con la “democracia”, y sí tienen mucho que ver con el fuerte interés de grupos empresariales bolivianos y yanquis por arrebatarles el gigantesco negocio del litio a sus rivales chinos y europeos.
Dictadura, racismo oligárquico y negocios
Dictadura, racismo oligárquico y negociosAsí como el golpismo oligárquico proyanqui en Venezuela huele a petróleo, el golpe oligárquico proyanqui contra Evo en Bolivia huele a litio. Bolivia tiene en sus salares la mayor reserva mundial de litio. El litio es el petróleo de Bolivia, que además tiene petróleo (y gas).
Bolivia es un país con enormes riquezas naturales: ¿cómo es que siempre fue un país pobre? Eso es porque, igual o más que en el resto de América Latina, casi todos esos recursos fueron apropiados por −o concedidos a− monopolios de las potencias imperialistas. La nacionalización del petróleo y el gas por Evo en mayo de 2006 no expulsó a los monopolios extranjeros, pero les impuso un “control absoluto” y los obligó a reconocer al Estado una mayor participación en los beneficios, lo que permitió al gobierno sustentar sus políticas redistributivas. Un sector nacionalista de las Fuerzas Armadas acompañó la medida. Pero las de nuestra región son fuerzas armadas de países dependientes: todos los imperialismos trabajan en ellas, como vuelve a comprobarse hoy trágicamente en el país hermano.
Ahora el litio acrecienta su importancia porque es el mineral básico para la fabricación de baterías para celulares y notebooks, y para los vehículos eléctricos que por razones ecológicas empiezan a desplazar a los de combustibles derivados del petróleo.
El odio yanqui y oligárquico a Evo saltó cualitativamente a comienzos de este año, cuando el presidente boliviano firmó acuerdos con Alemania y China para financiar, construir e instalar en Bolivia dos plantas de última generación para la extracción y manufacturación del litio para la fabricación de baterías. Los acuerdos de Evo para la industrialización del litio tuvieron un alcance nacionalista limitado, como los del petróleo. En diciembre de 2018 autorizó por decreto a YLB (Yacimientos de Litio Bolivianos) a asociarse con la alemana ACI Systems, que invertiría 1.300 millones de dólares para explotar el litio y procesarlo dentro del país para su exportación con valor agregado en forma de baterías. Pero las protestas empresariales en Potosí obligaron a Evo a revocar ese decreto a principios de noviembre, cuando el escenario golpista ya estaba en gestación.
En febrero de 2019 YCL se asoció con el consorcio de firmas chinas Xinjiang Tbea Group y Boacheng, que invertirían unos 2.300 millones de dólares en proyectos de explotación e industrialización de litio y fabricación de sulfato de potasio, hidróxido y carbonato de litio, ácido bórico, bromuro de sodio y litio metálico. El acuerdo incluía la construcción −en China− de una fábrica de baterías de ion litio, con participación de YLB. Y todo esto marchaba a sentar las bases de una asociación estratégica entre China, el mayor productor de vehículos y mayor consumidor de litio del mundo, y Bolivia, el país con la mayor reserva de litio.
China se convirtió en la última década en un importante socio de Bolivia, financiando y participando con sus empresas en diversos proyectos de infraestructura. En febrero la firma china Sinosteel inició la construcción de la primera acería boliviana, un proyecto por más de 500 millones de dólares en el yacimiento de hierro de El Mutún.
No es fundamentalismo evangélico vacío ni mero racismo contra “el indio” lo que mueve desde hace meses los hilos del golpe: son intereses estratégicos y negocios muy concretos, exacerbados ahora por la guerra comercial que a escala internacional enfrenta a los imperialismos yanqui y chino. Todos los países de nuestra región están en la mira de las grandes potencias, como lo viene estando por el petróleo de la cuenca del Orinoco en Venezuela, el del “pre-sal” en la costa brasileña, o el de Vaca Muerta en Neuquén.
Si la dictadura terrorista impuesta en Bolivia por los sectores oligárquicos proyanquis se consolida, habrá que ver si el destino de todos estos proyectos no será un pase de manos hacia corporaciones norteamericanas. Mientras tanto, la heroica lucha del hermano pueblo boliviano es en defensa no sólo de sus derechos democráticos, sino de su soberanía económica nacional.
