Este viernes, impulsado por el oficialismo (Juntos por el Cambio – UCR) y con el aval del PJ de la provincia, el Senado de Mendoza empezó a debatir en sesión especial la reforma de la Ley minera 7.722 que prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro y ácido sulfúrico en la explotación minera.
El Gobierno dispuso un amplio operativo de represión contra los ambientalistas, vecinos y agricultores que resisten desde hace años a las reformas. Las Asambleas por el Agua de Mendoza se encuentran en la Legislatura desde las 7 para mostrar su rechazo al derribo de la ley, atacada desde su sanción por empresarios que buscan expandir sus negocios en Mendoza.
Cecilia Draer, asambleísta por el Agua de Tunuyán explicó a Radio U, que «el panorama frente a la Legislatura es muy triste» y planteó que hay «policías por todos lados, incluso patotas de la UOCRA en todas las equinas» y agregó: «No me dejaron pasar, pero no vamos a bajar los brazos. La hemos parido en las calles. Con mis hijos pequeños en brazos. ahora son grandes».
A su vez se realizan cortes en rechazo la modificación de la Ley 7.722: corte total de ruta en Uspallata y General Alvear Cortes informativos en Tunuyán, San Carlos, Lavalle y San Rafael.
La 7.722
La Ley 7.722 fue resultado de enormes movilizaciones sociales de las asambleas mendocinas que comenzaron en 2003, poco después del triunfo del plebiscito de Esquel, en Chubut, en el que se prohibió la megaminería con uso de cianuro en toda la provincia sureña.
Fue sancionada en el año 2007, y ha sido desde entonces un escudo de defensa contra todos los emprendimientos megamineros que utilizan sustancias tóxicas en los procesos de exploración y explotación
Esta Ley no prohíbe la minería metalífera, sino que es restrictiva: prohíbe el uso de sustancias tóxicas y obliga al Ejecutivo a enviar cualquier proyecto de estas características a la Legislatura para que lo ratifique o lo rechace.
El lobby político-minero
Los empresarios mineros fueron 13 (trece) veces a la Suprema Corte impugnando la Ley 7.722 por inconstitucional. Desde Diciembre de 2015 la Suprema Corte de Mendoza la declaró Constitucional.
Entre quienes tratan de voltear la Ley 7.722, se encuentran desde Halliburton (la empresa con la que Dick Cheney hizo negocios millonarios durante y después de la guerra de Irak) a Yacopini y Emilio Magnaghi (socio de Daniel Vila en medios), Cartellone y Groisman, pasando por IMPSA (Pescarmona), Manpower, la Municipalidad de Malargüe, Andesmar, estudios de abogados y gremios.
