El miércoles 26 de junio de 2002, eran asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en la estación Avellaneda, provincia de Buenos Aires.
El hambre arreciaba en el país y golpeaba de manera particular en el conurbano bonaerense. La crisis política que derivó en el Argentinazo y terminó con el gobierno de la Alianza estaba fresca, mantenía presente las decenas de argentinos que también fueron asesinados el 19 y 20 de diciembre de 2001.
El gobierno de Eduardo Duhalde llevaba adelante una política que mediante una mega devaluación licuó las deudas de monopolios y terratenientes y recortó los salarios de los trabajadores.
Ese miércoles 26 de junio en el marco de una jornada de lucha nacional, las organizaciones de desocupados y piqueteras decidieron cortar el puente Pueyrredón. La maldita policía llevó adelante una reprensión brutal y ensañamiento con lxs manifestantes que detenía. En la estación Avellaneda –luego llamada por ley “Darío y Maxi”- caerían asesinados a sangre fría Kosteki y Santillán y se convertían en un símbolo de las luchas piqueteras contra el ajuste y el hambre.
De acuerdo a todas las pruebas y testigos, quedó demostrado que cuando los policías dispararon con balas de plomo contra los cuerpos de Kosteki y Santillán, y de las personas que resultaron heridas, no lo hicieron por exceso de la fuerza represiva. Por el contrario, los familiares y organizaciones populares denunciamos que hubo un plan de represión por parte del Estado. Es decir que fue una masacre organizada, decidida por la cúpula del poder político de aquel momento y ejecutada por un operativo conjunto de las policías Federal y Bonaerense, Gendarmería, Prefectura y los servicios de Inteligencia.
Los familiares y las organizaciones donde militaban Maxi y Darío, han denunciado desde los asesinatos que la responsabilidad política es ineludible y tienen nombres y apellidos: Eduardo Duhalde y Juan José Álvarez, Felipe Solá y Aníbal Fernández, entre otros.
Son conocidas las declaraciones del entonces Presidente y principal responsable político, Eduardo Duhalde, “a veces el Estado tiene que reprimir”.
El mismo sinceramiento de Felipe Solá, hoy Canciller, en aquel año gobernador de la provincia, cuando en la sesión del Congreso debatiendo la Ley de Presupuesto 2019 señaló: “Hay una directa relación entre la decisión política y la actitud policial. No existe esa idea de que buenos son policías que están en la calle y le pegan a cualquiera. ¡No es cierto! Se los digo después de haber sido seis años gobernador”.
Hoy frente a la pandemia, la pobreza y la mayor desigualdad, los ejemplos de Maxi y Darío siguen alumbrando a nuevas generaciones de jóvenes que no se resignan en la lucha por un país sin hambre, con vivienda, igualdad y soberanía.
