El martes 27 de octubre comenzó el debate oral en Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 419 víctimas en los centros de clandestinos de detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y la Bigada de Investigaciones de Lanús, conocida como «el infierno».
En este juicio oral y público, dieciocho genocidas, entre ellos Miguel Etchecolatz, Juan Miguel Wolk y el ex médico policial Jorge Berges, serán juzgados por el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata por delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio calificado, abuso sexual con acceso carnal y sustracción, retención y ocultamiento de menores. Será un juicio unificado de causas que instruyeron por separado y en las que varios genocidas murieron impunes y otros fueron apartados.
Además se juzgará a 13 de los 18 represores por la sustracción, retención y ocultamiento de al menos 7 bebés que estuvieron detenidos ilegalmente en el Pozo de Banfield, lugar donde funcionó una maternidad clandestina. En la lectura de la requisitoria de elevación a juicio, se detalló que las embarazadas permanecían tabicadas y eran torturadas física y psicológicamente y al momento del parto «daban a luz en condiciones aberrantes: desnudas, engrilletadas, mientras eran insultadas y obligadas a limpiar su propia sangre de manera inmediata después del nacimiento». «Sumado a todo ese horror, los niños y niñas eran separados de sus madres y padres, para ser entregados -en general- a familias vinculadas con la dictadura y ser luego inscriptos falsamente como descendientes del núcleo apropiador y, de esa forma, desaparecidos y desaparecidas», se detalló ante el Tribunal.
En la primera audiencia se dio lectura a la síntesis del requerimiento de elevación a juicio impulsado por el Ministerio Público Fiscal con el respaldo de las querellas que representan, a través de numerosas organizaciones y particulares, a las 253 víctimas del Pozo de Banfield, a las 181 del Pozo de Quilmes y a las 62 de “El Infierno”. Se leyeron los nombres de las víctimas, se explicó el funcionamiento de cada CCD y se leyeron los delitos imputados a los represores.
La audiencia virtual desnudó la denuncia que llevamos sobre los otorgamientos de domiciliarias a los genocidas, solo Miguel Osvaldo Etchecolatz y Jorge Di Pascuale siguieron el juicio desde la Unidad 34 de Campo de Mayo.
Las audiencias se llevarán, en principio, a cabo los martes a partir de las 9.30 y eventualmente se agregarán otras audiencias o se extenderá el horario.
Demoras y unificaciones
El juicio por los pozos de Banfield y Quilmes unifica una serie de causas, la primera de ellas elevada a juicio hace ocho años. «Las causas que conforman este juicio sufrieron dilaciones varias y diversas contramarchas. En un principio se habían unificado los tramos elevados de Banfield y Quilmes y finalmente en septiembre pasado se le sumó la causa por ‘El Infierno'», explicaron desde Justicia Ya La Plata, espacio colectivo integrado por organizaciones de DDHH, sociales, gremiales, estudiantiles y políticas y compañerxs independientes.
Justicia Ya La Plata emitió un comunicado donde celebra la unificación de las causas para la realización de un solo juicio oral, pero advirtieron sobre «el conjunto de dilaciones que vienen sufriendo los procesos contra los genocidas en La Plata y en todo el país».
«El primer tramo de la causa por los crímenes del Pozo de Banfield fue elevada a juicio en marzo de 2012, es decir hace más de 8 años, y debe ser uno de los expedientes de lesa humanidad que más tiempo ha tardado en ser iniciado como debate oral en toda las jurisdicciones federales del país. A ese primer tramo se le sumó luego la elevación a juicio en 2015 de los delitos cometidos en el Pozo de Quilmes, más tarde un segundo tramo por Banfield en 2017, este con mayor cantidad de imputados que el primero, y la elevación pendiente por el represor prófugo Julio Candioti en 2018. De esta manera la causa, hoy denominada “Unificada Banfield-Quilmes”, quedó a disposición del TOF 1 platense hace años. Entre la lenta instrucción del expediente y la espera con las causas elevadas a juicio hubo episodios para todos los gustos: el jefe del Pozo de Banfield, el represor Juan Miguel Wolk, se profugó un tiempo con ayuda de su hija policía, el médico Héctor Vidal se escondió de la indagatoria en un entretecho de su propia casa, se otorgaron domiciliarias, se vencieron prisiones preventivas y varios responsables de la jerarquía militar como Héctor Gamen murieron impunes», detallaron.
Respecto al expediente por el CCDTyE “Infierno” -que se elevó a juicio en mayo de 2017 y se incluye a 8 represores por 62 víctimas- explicaron que desde su elevación a la fecha murieron impunes el subjefe del Comando del Primer Cuerpo del Ejército Jorge Olivera Rovere, el militar y ex subjefe de la Policía Bonaerense Rodolfo Aníbal Campos, el comisario y subjefe de la Brigada de Lanús, Rómulo Ferranti y en julio pasado el jefe máximo del CCD, Bruno Trevisán.
Los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio
Estos tres CCD formaron parte de los 29 centros clandestinos del llamado “Circuito Camps”.
El «Pozo de Banfield» era la Brigada de Investigaciones de esa localidad, que funcionó en calle Vernet N° 1276, esquina Siciliano en el partido de Lomas de Zamora. Fue uno de los centros clandestinos más grande que funcionó en la provincia de Buenos Aires en el marco del Circuito Camps. Por allí pasaron más de 300 personas entre los años ’74 y ’78, hay imputados 5 policías bonaerenses, incluido el Director General de Investigaciones Miguel Osvaldo Etchecolatz y el médico policial Héctor Bergés, 11 integrantes del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército y el ministro de Gobierno Jaime Smart, imputados por unas 300 víctimas.
El «Pozo de Quilmes» fue la Brigada de Investigaciones de esa localidad, que funcionó en un chalet de dos plantas en la esquina de Alison Bell y Garibaldi. Hay imputados 5 policías bonaerenses, incluidos Etchecolatz y el jefe de la Brigada Lucas Belich, 8 integrantes del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército y de otras reparticiones militares y el ministro de Gobierno Jaime Smart. Todos ellos por unas 242 víctimas.
En ambas causas murieron impunes varios represores como Rodolfo Campos, Faustino Svencionis, Ricardo Von Kyaw, Juan María Torino, Gustavo Cacivio y Héctor Gamen, y fueron apartados por “motivos de salud” otros genocidas como Miguel Ángel Amigo y Ricardo Fernández.
El CCDTyE El infierno, Bigada de Investigaciones de Lanús, funcionó en pleno centro de Avellaneda, en la calle 12 de octubre N°234, donde hoy funciona un Espacio Municipal de la Memoria. Por el CCDTyE pasaron más de 64 personas entre julio del ’76 y noviembre del ‘78. La causa se inició con el testimonio de la compañera Nilda Eloy de la Asociación Ex Detenidxs Desaparecidxs, denunciando haber sobrevivido a la privación ilegal de la libertad, torturas y delitos sexuales. Por «El Infierno» serán juzgados el Director de Investigaciones Miguel Osvaldo Etchecolatz, el ministro de Gobierno Jaime Smart, el director de Investigaciones “Zona Metropolitana” Juan Miguel Wolk y el cabo de guardia de la Brigada, Miguel Ángel Ferreyro.
