Ante la falta de vivienda propia, el hacinamiento, la perdida de trabajo y la imposibilidad de pagar alquileres (profundizado por la pandemia del Covid-19), un grupo de aproximadamente 100 vecinxs y familias del barrio Labraña y barrios aledaños, ubicados a la vera del río, decidieron ocupar a fines de agosto una chacra que se encontraba abandonada y no estaba en producción desde hace varias décadas. Solo en Cipolletti hay 42 tomas y asentamientos, lo que representa más de 6 mil familias.
A partir de ese momento, la compañera referente del barrio Labraña -quien llevaba adelante el comedor del barrio- sufrió un violento allanamiento en su casa, desatándose una brutal represión, ya que lxs vecinxs salieron a defenderla y a repudiar el accionar de la policía. Semanas previas fue agredida a través de las redes sociales por punteros y trolls del partido gobernante Juntos Somos Río Negro. Días posteriores a la toma de tierras, desde el Municipio se retiraron los alimentos destinados al comedor y merendero, como forma de disciplinamiento. Además tanto la policía como el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) realizan rondas de patrullaje por la zona, golpeando y amedrentando principalmente a lxs jóvenes.
Durante la mañana de hoy, se llevo a cabo una audiencia de formulación de cargos, donde se acusa a las familias del asentamiento de cortar el alambrado perimetral, de tapar un canal de riego, de cortar y robar arboles, de incendio, todo lo que fue desmentido y argumentado. El fiscal Gustavo Herrera lejos de buscar una solución, y operando más como querellante que como fiscal, solicito el desalojo inmediato, dejando en claro que el derecho a la propiedad privada está muy por arriba del derecho a una vivienda donde poder proyectar una vida.
En la audiencia se presentó un grupo de chacarerxs como querellantes, lo que resultaba llamativo porque solo unx figura como dueñx. Esto fue rechazado por la jueza. Finalmente, luego de la declaración de ocho vecinxs que relataron su situación social y económica, la jueza Agustina Bagniole no dio lugar al pedido de desalojo e insto a las partes a dialogar y solicitó una mediación.
Se realizará un relevamiento de la situación habitacional de las familias, las cuales por pedido de la fiscalía y querella no podrán ingresar materiales de construcción, continuando en situaciones sumamente precarias de vivienda.
Algo que queda en claro, es que los intereses que se tocan no solo tienen que ver con la tierra: a raíz de la toma salió a la luz que en esa chacra hay instaladas maquinarias petroleras y todo indica que existen las intenciones de la explotación de petróleo, no olvidemos que estamos prácticamente sobre Vaca Muerta y los negocios son millonarios.
¡Basta de hostigamiento a las familias asentadas!
¡Basta de tierras ociosas: tierra para trabajar y vivir!
¡Declaración de emergencia habitacional!
