El jueves 31 de agosto, un día antes de la gran movilización por Santiago Maldonado, la policía de la provincia de Córdoba llevó a cabo 15 allanamientos simultáneos a locales de diferentes organizaciones sociales y partidos políticos, y se llevaron a varios detenidos.
El operativo fue ordenado por el fiscal provincial Gustavo Dalma, supuestamente para investigar los incidentes producidos tras la pasada Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, organizada por la Coordinadora de Familiares asesinados a manos de la Policía. Un operativo totalmente desproporcionado en el marco de una causa por “daños”, unido a una absurda campaña mediática sobre una “célula anarquista” que quiere “sembrar el caos a nivel internacional”.
Se allanaron locales del FOL, FOB, PO, PTS, FpV y centros culturales, buscando “elementos con símbolos anarquistas”. Se llevaron banderas, bombos, carteles, volantes, libros y en particular todo lo que reclamara la aparición de Santiago Maldonado.
Estos allanamientos son parte de la avanzada del gobierno a nivel nacional, que busca amedrentar, correr el eje y desmovilizar al pueblo para hacer pasar sus políticas. Pero el resultado es y va a ser el contrario. El mismo día se realizó una concentración en la Casa de Córdoba de la Ciudad de Buenos Aires para repudiar los hechos. Y al día siguiente más de 70.000 personas marcharon en Córdoba por Santiago.
